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Jueves, 11 Abril 2019 18:47

Alerta Minera No. 4 del 2019

Se ha reformado por segunda ocasión en menos de 3 meses el TULSMA en lo referente a procesos de participación ciudadana para obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades. En este mismo ámbito, la Defensoría del Pueblo emite una resolución por la cual expide los criterios para la vigilancia del debido proceso en los proceso de consulta previa, libre, informada de buena fe y de la consulta ambiental. Esta nueva normativa se analiza en nuestra Alerta Minera no. 4 del 2019.

Nueva reforma al TULSMA y resolución de vigilancia a las consultas por la Defensoría del Pueblo

Se ha reformado por segunda ocasión en menos de 3 meses el Texto Unificado de Legislación Ambiental (en adelante el “TULSMA”). Por medio del Acuerdo Ministerial (AM) 109 de fecha 2 de octubre de 2018, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 640 de 23 de noviembre del 2018, se realizaron varias reformas, principalmente, en el proceso de participación ciudadana, las cuales se analizaron en nuestras noticias mineras no. 1 del 2019.

Ahora, mediante el Acuerdo Ministerial 013 de fecha 14 de febrero de 2019, que aún no ha sido publicado en el Registro Oficial, se sustituyó en el Capítulo V del Acuerdo Ministerial 109 lo referente a procesos de participación ciudadana para obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades de bajo, mediana y alto impacto.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo (en adelante la “DPE”) expidió la resolución número 021-DPE-DD-2019 de 20 de febrero de 2019 publicada en el Registro Oficial número 465 de 10 de abril de 2019, por la cual expide los criterios para la vigilancia del debido proceso en los proceso de consulta previa, libre, informada de buena fe y de la consulta ambiental.

A seguir se analizan los principales elementos de estos dos cuerpos normativos.

En el Acuerdo Ministerial 013 se incluyen los siguientes puntos principales:

1. Se define a la consulta ambiental como el proceso que genera la oportunidad adecuada para expresar puntos de vista, consideraciones de circunstancias especiales de los grupos e individuos específicos sobre los posibles impactos socioambientales de la obra, proyecto u actividad. El término consultivo incluye una implicación de la cooperación y el respeto mutuo, tanto del responsable de lleva a cabo la actividad como de los miembros pertenecientes al área de influencia social del proyecto, obra o actividad.

2. Se permite que los procesos de participación ciudadana que iniciaron a partir del Acuerdo Ministerial 109 y no ejecutaron la fase informativa pueden voluntariamente acogerse a las disposiciones reformadas por el Acuerdo Ministerial 013.

3. Se establece una nueva organización del proceso de participación ciudadana, el cual inicia con un pronunciamiento técnico favorable de los estudios ambientales y continúa con 5 etapas: planificación del proceso de participación ciudadana; convocatoria; ejecución del mecanismo de participación ciudadana; elaboración del informe de sistematización; y, la inclusión y revisión de criterios de la población.

4. Se elimina el proceso de participación ciudadana para proyectos, obras o actividades de impacto bajo.

5. Se agrega el área de influencia social indirecta, definido como el espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.

6. Se elimina la fase informativa que debía ser realizada luego de la revisión de los estudios ambientales, y por tanto se eliminó el taller informativo como mecanismo de participación ciudadana en la regularización ambiental.

7. Se mantiene la realización de una visita previa por el facilitador ambiental, pero se elimina el informe de visita previa y se incorpora el informe de planificación del proceso de participación ciudadana el cual deberá considerar el público objetivo; estrategia de comunicación del proyecto; batería de herramientas para consulta de opinión; cronograma; recursos y presupuesto; y deberá ser notificado al proponente en un término de 15 días desde la designación del facilitador. Se indica que los lineamientos para la fase de planificación del proceso de participación ciudadana se definirán en la norma técnica expedida por la Autoridad Ambiental Nacional.

8. Se determina que el facilitador ambiental establecerá los mecanismos de participación ciudadana más adecuados en función del proyecto y los resultados del estudio de impacto ambiental y de las características sociales locales. También se elimina a los facilitadores adicionales.

9. Se elimina la opción de suspender al facilitador por no mantener independencia e imparcialidad durante el proceso de participación ciudadana.

10. Se elimina el medio por el cual se designan a los facilitadores ambientales y se establece que la Autoridad Ambiental Nacional emitirá normativa para la calificación, designación y evaluación de estos.

11. Se incluye como medio de convocatoria para la participación ciudadana en la regularización ambiental, las redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentado según el público objetivo, y otros medios que sean representativos de la organización social existente en la zona del proyecto. También se elimina la obligación de adjuntar un resumen ejecutivo del Estudio Ambiental a las comunicaciones escritas que sirvan para convocatoria.

12. Se establece que en la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana además de informar a la población sobre las características del proyecto, obra o actividad y sobre los resultados del estudio de impacto ambiental, también se debe aplicar una batería de herramientas técnicas para evaluar la opinión de la población respecto del mismo. Se indica que los lineamientos para aplicar los mecanismos de participación ciudadana se definirán en una norma técnica definida por la Autoridad Ambiental Nacional.

13. Se incluye que el facilitador debe mantener registros de la ejecución del mecanismo de participación ciudadana con al menos: participantes; opiniones y criterios emitidos por la ciudanía y registros primarios de aplicación de herramientas de consulta.

14. Se simplifica el contenido del informe de sistematización del proceso de participación ciudadana, el cual tendrá información obtenida de los mecanismos de participación ciudadana. Se otorga un término de 25 días para la emisión del informe de sistematización desde la notificación al proponente del informe de planificación del proceso de participación ciudadana y la Autoridad Ambiental Competente tiene un término de 10 días para notificar el informe de sistematización al proponente.

15. Se otorga un término de 5 días desde la notificación del informe de sistematización al proponente para que este pueda incluir en el estudio de impacto ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de influencia directa, si son económicamente y técnicamente viables. La Autoridad Ambiental Competente tiene un término de 5 días para verificar que las observaciones de la población son económicamente y técnicamente viables y en caso de observaciones de esta deben subsanarse por el proponente en un término de 5 días y la autoridad tendrá el mismo tiempo para pronunciarse sobre la subsanación. Las observaciones y opiniones que se incorporen al estudio de impacto ambiental deben informarse a la comunidad.

16. Se otorga un término de 10 días para subsanar observaciones presentadas a la respuesta del operador sobre la revisión de los términos de referencia de la auditoría ambiental.

17. Se sustituye la disposición transitoria cuarta por el cual se otorga 30 días desde la firma de la autorización administrativa ambiental para la obtención del registro de desechos peligrosos y/o especiales para los proyectos, obras o actividades que no lo han obtenido hasta noviembre del 2018.

18. Se agrega como requisito para pagos por servicios administrativos de regularización, control y seguimiento al formulario 102 del Servicio de Rentas Internas, para la revisión, calificación de estudios ambientales ex post y emisión de la licencia ambiental.

19. Se modifica los porcentajes de rubros a cancelar al facilitador designado en los procesos de participación ciudadana por aprobación de informes cuando exista una cumplimiento parcial de las actividades: 25% por aprobación de informe de visita previa, 35% por aprobación de informe de planificación y 40% por aprobación del informe de sistematización del proceso de participación ciudadana.

En la resolución número 021-DPE-DD-2019 se incluye los siguientes puntos principales:

1. La DPE puede realizar peticiones de acceso a la información a los procedimientos de consulta general, sin indicar a quién la podrá solicitar.

2. La DPE debe realizar informes parciales y un informe de vigilancia del debido proceso de consulta previa de la fase preparatoria, implementación y parte final y los entregarán a la instancia administrativa que impulsa el proceso de consulta, al Ministerio del ambiente y a los peticionarios antes de la aprobación de la licencia ambiental para su consideración.

3. No está claro si el entendimiento o interpretación de la DPE es que para la obtención de una licencia ambiental se debe realizar una consulta previa. Quizás existe una confusión de la DPE con el proceso de participación ciudadana que incluye la consulta ambiental a la población del área de influencia.

4. Se establece que la DPE realizará una verificación del debido proceso de las consultas a petición de parte aplicando ciertos criterios:

a) Para la fase preparatoria de la consulta, la verificación de lo siguiente:

i) Consulta previa sobre planes y programas de desarrollo que puedan impactar a “comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y otras”.
ii) Caracterización de comunidades previo a procesos de consulta; cumplimiento de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de la naturaleza y colectivos; e identificación de posibles conflictos sociales, ambientales y culturales.
iii) Determinación de la existencia de normas y procedimientos propios para decisiones comunitarias.
iv) Procesamiento e implementación de metodologías concertadas entre el Estado y las comunidades, que deben ser culturalmente apropiadas y respetar derechos de los consultados.
v) Planificación y desarrollo de los procedimientos de consulta en tiempos razonables según la naturaleza del proyecto y características culturales de los consultados.
vi) Realización de diálogos locales y nacionales con participación de organismos de derechos humanos y de derechos de la naturaleza.
vii) Adecuada publicidad, claridad e información completa de los procedimientos y documentos.

b) Para la fase de implementación de la consulta, la verificación de lo siguiente:

i) Ofertas y negociaciones a cambio de impulsar, desarrollar o concluir las consultas o concluir con el consentimiento o el acuerdo.
ii) Mecanismos de presión, chantaje, dádiva o criminalización de líderes y lideresas en contextos de oposición a la adopción de medidas administrativas “en sus tierras y territorios”.
iii) Participación de mujeres, jóvenes y autoridades espirituales, “sabedores y sabedoras” de los pueblos y comunidades.
iv) Participación y respeto a los acompañantes técnicos independientes del Estado que identifican repercusiones de la actividad para los pueblos, comunidades y naturaleza en la consulta.
v) Formas de afectación a la cohesión comunitaria como medio para viabilizar las negociaciones.
vi) Información entregada sea adecuada y completa para una toma de decisión informada.

c) En cuanto al procedimiento de las decisiones o acuerdos la realización de un informe de vigilancia que verifique lo siguiente:

i) Acuerdos sobre acceso a la información y grado de satisfacción de las comunidades con la información.
ii) Incorporación de visiones de mujeres, jóvenes y autoridades tradicionales y espirituales, “sabedores y sabedoras” en los acuerdos.
iii) Implementación de mecanismos de participación adecuados para personas y sus formas culturales.
iv) Medidas judiciales y administrativas interculturales para procesar preocupaciones y quejas en relación a la consulta.

5. La DPE debe realizar un informe anual sobre el cumplimiento del derecho a la consulta con información de sus seguimientos o de instancias administrativas que realizaron las consultas. Este informe lo presentará la DPE en su proceso de rendición de cuentas anual. El informe anual debe contener los siguientes elementos:

a) Existencia de normas que reconozcan el carácter previo, libre e informado, culturalmente apropiado y de buena fe.
b) Existencia de instituciones del Estado con competencia de promover e implementar procesos de consulta previa, libre e informada.
c) Existencia de políticas públicas sobre consulta como mecanismo de participación social.
d) Existencia de procedimientos claros y concertados con comunidades para consulta.
e) Número de consultas y actos de concertación que se realizaron sin reclamaciones.
f) Porcentaje de consultas que terminaron con acuerdo o consentimiento en comparación con las que terminan con decisión unilateral del Estado.
g) Informes de veedores y observadores de organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza.
h) Recomendaciones y exhortos.

Para mayor información contáctenos:

Xavier Andrade Cadena                                                    Rafael Paredes

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